El pasado receso vacacional de agosto 2009, la Dirección de Vigilancia en consonancia con la Dirección de Personal, diseñó un plan de cobertura de vigilancia de las dependencias universitarias, todo acorde con la disponibilidad presupuestaria. Para este  año, se propone nuevamente dicha programación a los fines de no dejar desguarnecida a la Universidad de Los Andes. La intención es que un grupo labore las tres primeras semanas y el segundo las tres restantes.

La directora de Personal, profesora Christi Rangel, informó de esta realidad al Consejo Universitario y solicitó el respaldo de sus consejeros.

“Esta programación se acoge a la disponibilidad de recursos temporales que posee la universidad. Este año el problema presupuestario es más acentuado por efectos de la inflación del año pasado”.

Al respecto, Rangel informó que el Sindicato de Obreros de la ULA, manifestó a la Dirección de Vigilancia y la Dirección de Personal, que no se acogería a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.

“Ante este planteamiento del Soula, no preocupamos muchísimo, dado que la universidad iba a quedar indefensa, y más aún, cuando se desarrollan los intensivos en diferentes facultades. Por eso acudimos al Consejo para que respaldara la propuesta de conminar a los trabajadores, sin interrupción laboral, al cumplimiento de la programación, cosa que se logró por unanimidad”.

Petición de recursos

Lo verídico es que no existen los recursos para ofrecer receso vacacional a más de 600 vigilantes, mucho menos para contratar a otros 600 que cumplan con las labores de vigilancia en este periodo de agosto y septiembre.

Rangel dijo que la discusión de la programación -dispuesta y avalada- estuvo acompañada de una nueva avanzada de petición de los recursos ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario  a los fines de que se pueda, finalmente, solventar y regularizar su estatus laboral vía cumplimiento de la Normativa Laboral.

Lo cierto es  que los recursos los maneja el gobierno, y es el gobierno quien decide cuándo se hace realidad el cumplimiento de esta normativa que favorece al sector contratado ATO.